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Viernes, 09 Enero 2015 00:00

“REFORMA” FISCAL Y CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

Publicado en Blog

No es la primera vez que escribo sobre este tema, pero las circunstancias me obligan a volver a insistir sobre, a mi entender, la gran injusticia que se está produciendo a la hora de regular nuestros impuestos. Y concretamente me estoy refiriendo a la eliminación de los coeficientes de actualización en el caso de venta de un inmueble, que ha aparecido con la mal llamada reforma fiscal. Con esos coeficientes de actualización lo que siempre se había pretendido era absorber el efecto inflacionista que se producía en la capacidad contributiva de los ciudadanos.

 El artículo 31.1 de la Constitución establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio”.

¿Cómo podríamos definir capacidad económica?. Hay muchas definiciones, pero si queremos resumirla en pocas palabras, podríamos quedarnos con la aptitud que poseen los ciudadanos para concurrir a las cargas públicas manifestada en la posesión de riqueza económica. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre de 1992, “el principio de capacidad económica opera como límite al poder legislativo en materia tributaria. El legislador deberá, en todo caso, respetar los límites que derivan de dicho principio constitucional, que quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial, sino inexistente o ficticia”.

Es decir, que si el legislador grava una riqueza inexistente, podemos decir que está incumpliendo el principio de capacidad económica consagrado en el mencionado artículo 31.1 de la CE.

Por lo tanto, cuando un ciudadano vende un inmueble de su propiedad, debería tributar por las ganancias reales obtenidas, no las ficticias. Esto que parece tan de cajón, no lo debe ser tanto, pues la eliminación de los coeficientes de actualización en este tipo de operaciones va a suponer tributar por incrementos de valores nominales, es decir, diferencia de valor entre un momento inicial y otro final. Pero desde un punto de vista financiero no se puede hablar de plusvalía o minusvalía si previamente no se han homogeneizado los valores a comparar, puesto que no es comparable la capacidad económica de una unidad monetaria en, por ejemplo, 1980, que en el 2015. Si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, el incremento real siempre será inferior al incremento nominal. Por lo tanto, a todas luces la “reforma” fiscal se salta a la torera el principio de capacidad contributiva, y nos va a hacer tributar por una riqueza que no es real, sino que corresponde a manifestaciones ficticias, que en situación económica estabilizada no se producirían.

Si el sistema tributario ha de ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y en ningún caso puede tener carácter confiscatorio, el legislador no puede construir una capacidad económica para justificar la tributación de una operación. Y, a mi juicio, eso es lo que va a ocurrir a partir de la entrada de esta nueva normativa.

De todas formas, esto es como hacer un brindis al sol, porque lo de la capacidad contributiva del contribuyente, a pesar de su enorme importancia para hacer un sistema tributario justo y equitativo, habitualmente es el gran olvidado de los legisladores. Y como ejemplo podemos hablar de la cantidad de años que suelen tardar los políticos en actualizar los mínimos personales y familiares del IRPF; o sobre el cálculo del IBI; o de la omisión que se hace del efecto inflacionista a la hora de calcular la llamada Plusvalía Municipal; o en la venta de otros elementos del patrimonio, etc. etc.

Al final lo de la justicia, igualdad, equidad… para otra época.

CARLOS MONTES. MONFISCAL, SLP.

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