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Miércoles, 01 Abril 2015 11:01

Sentencia con sentido común

Publicado en Blog

El pasado 15 de marzo de 2015 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia a favor del sentido común.

El caso ha versado sobre la tributación de una herencia en la Comunidad Autónoma Valenciana, en la cual los herederos, que no eran otros que la esposa y los hijos de un señor fallecido en esa Comunidad, habiendo heredado la misma cantidad cada uno de ellos, la tributación variaba enormemente dependiendo de la residencia de los mismos. Así, las cuotas a ingresar por el impuesto de Sucesiones fueron de 1.985,96€ para la viuda, de 2.184,55€ para un hijo, y de 202.210,86€ para el otro hijo, es decir, ¡un 10.200% más que su madre!. ¿Cuál fue el pecado de éste último para tener que pagar esa cantidad, tan diferente del resto de sus familiares?, pues simplemente que su residencia no estaba en la Comunidad Valenciana, sino en otra Comunidad del territorio Español. El Tribunal Constitucional no lo ha permitido.

Ya he mencionado en otras ocasiones el artículo 31.1 de la Constitución Española, que pretende proteger la igualdad y la justicia a la hora de la tributación en España, pero en este caso habría que añadir los artículos 14 (derecho a la igualdad) y el 139.1 (protección a las familias) de nuestra Constitución. A parte de los profesionales que nos dedicamos al mundo de la fiscalidad, sospecho que pocos ciudadanos conocen la complejidad del galimatías fiscal que se ha creado en España. Entre los impuestos estatales, autonómicos y locales, es tal el conglomerado impositivo existente que se hace imposible tener un dominio sobre este tema. Y habría que preguntarse si toda esta legislación está basada en la justicia y equidad que promulga el artículo 31.1 de la Constitución; o si lo que prima es la necesidad imperiosa de recaudación para sostener el sistema; o si todo depende del buen hacer del Gobierno, o del Presidente Autonómico, o del Alcalde de turno a la hora de gestionar las finanzas públicas. Si dentro de un mismo país, ante un mismo hecho imponible y una misma riqueza, dependiendo de donde esté situada la residencia de un ciudadano va a pagar un 10.200% más que sus familiares, es muy posible que algo no esté funcionando bien.

Esta Sentencia ha puesto sentido común a este caso concreto al declararlo inconstitucional, ¿pero es el único caso que existe en nuestro panorama tributario?. Sinceramente, intuyo que no. El legislador debería considerar los artículos 14, 31.1, y 139.1 de la CE con mucha más frecuencia de lo que lo hace a la hora de ponernos los impuestos, y no convertir esto en un puzle fiscal, en el que las desigualdades impositivas están a la orden del día, muchas de ellas provocadas para poder absorber el déficit público generado en un pueblo, ciudad, o Autonomía por una mala gestión de sus políticos. En cualquier caso, sea bienvenida esta gota de sentido común a este galimatías.

CARLOS MONTES

www.monfiscal.com

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