Martes, 14 Junio 2016 16:42

Europa ha vuelto a sacar los colores a España por su legislación hipotecaria

Ámbito: Mercantil
Fuente: (Cinco Días, 13-06-2016)

España tenía obligación de transponer la nueva directiva europea en materia hipotecaria antes del pasado 21 de marzo. La falta de actuación en este sentido por parte del Gobierno del PP durante el último tramo de la legislatura o durante su mandato en funciones de los últimos meses, lega al nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones del 26 de junio el deber de reformar la ley hipotecaria a riesgo de que si no la Unión Europea le abra un expediente.

"La Comisión está comprometida con la oportuna transposición y aplicación del Derecho de la UE. Todos los Estados miembros que no notificaron la transposición de la directiva hasta el 21 de marzo de 2016 se arriesgan a recibir un escrito de requerimiento con arreglo al procedimiento de infracción", advertía la pasada semana el comisario europeo de Servicios Financieros, Jonathan Hill, en respuesta a la pregunta planteada por la portavoz de UPYD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, sobre las medidas que se van a adoptar contra España por no haber garantizado la protección de los consumidores hipotecarios.

Hill reveló que la Comisión ha organizado ya seis reuniones para promover la transposición de la norma, la primera de ellas en abril de 2014, justo tras la aprobación de la norma. "A pesar de estas medidas de apoyo, no todos los Estados miembros consiguieron transponer la directiva a tiempo", reconoció Hill. "Que quede claro: el PP y el PSOE, ambos, en los sucesivos gobiernos, evitaron lo que era de ley. Perjudicaron a los españoles y beneficiaron a los bancos", clama Pagazaurtundúa.

La normativa europea supone un cambio sustancial de las reglas del juego hipotecario estableciendo un nuevo nivel de protección para los clientes de la banca. "El principal objetivo de esta nueva directiva es avanzar en la consecución de un mercado único de créditos hipotecarios, aumentando la protección de los consumidores y, a la vez, promoviendo la concesión responsable del crédito por parte de las entidades financieras, con el objetivo final de que disminuyan los embargos y ejecuciones hipotecarias", explicaba tras su aprobación el Banco de España.

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